El sometimiento y el destino de los pueblos indígenas

Nos aproximamos a la útima clase que propone la trayectoria de Nuestra Escuela. 

Teniendo en cuenta que estas temáticas despiertan controversias dentro de nuestra sociedad, se informa a nuestrxs lectores que toda esta información que se comparte es producto de investigaciones académicas y científicas de Licenciados y Doctores en Historia y/o en Antropología pertenecientes a prestigiosas Universidades Argentinas.
Es decir, los opinólogos, los allegados a la historia que hacen usurpación del título de historiadores, los pseudo periodistas bancados por la Sociedad rural o por otros sectores de poder, quedan excluídos, simplemente, por ejercer la mentira sistemática y carecer de verdad histórica.

Ahora sí,  los invito a leer...

El sometimiento y el destino de los pueblos indígenas.

En la clase anterior vimos los cambios que se dieron en la frontera sur desde el periodo rosista hasta el proceso de organización nacional, y la creación de la Zanja de Alsina como estrategia ofensiva necesaria para el posterior avance iniciado con la llamada “Conquista del Desierto”. Sobre esta conquista trabajaremos en esta oportunidad, observando como a través de diferentes dispositivos de poder y prácticas como el confinamiento, el cambio de nombres, la distribución forzada, la violencia y la eliminación física se fue socavando aun más la identidad indígena. Estos dispositivos condujeron a la invisibilización y la autodesmarcación de descendientes de comunidades originarias en la actualidad; pero estos procesos traumáticos también generaron nuevas comunidades y reivindicaciones en pos de un reconocimiento identitario y territorial. En este sentido, esta última clase busca relacionar el pasado y presente de los pueblos indígenas de la Pampa y Patagonia. Trabajaremos los siguientes puntos:

1. La conquista y el reparto de los territorios: hecha la ley… (1878-1885).
2. La incorporación forzada: los campos de concentración y el sistema de repartos.
3. (Re)emergencia étnica y legislación indígena.
4. Los conflictos actuales por el territorio y el proceso de judicialización.

1) La conquista y el reparto de los territorios: hecha la ley… (1878-1885).

Como vimos la clase pasada, el avance de Alsina (1874-76) proporcionó las condiciones necesarias para el avance militar final en Pampa y Patagonia. Hacia 1878, el estado argentino emprendió numerosas acciones contra los indígenas: durante ese año las tropas nacionales, mediante 23 expediciones, asesinaron a más de 400 indígenas y apresaron a otros 4.500 (según las fuentes, 900 hombres y más de 3.600 mujeres, niños y ancianos). Entre los apresados se encontraban prestigiosos lonkos como Pincén, Epumer y Juan José Catriel. El Ministro Roca organizó el avance militar con el objetivo de finalizarlo el 25 de Mayo de 1879; el mensaje era claro: “La Conquista del Desierto” era una gesta patriótica que refundaba la Nación.

Como distintos estudios históricos y antropológicos han mostrado, el reparto de las tierras fortaleció la estructura económico-social basada en el modelo agro-exportador de sectores terratenientes, a través del aval de un Estado conservador que favoreció a sus propios intereses de clase. Los territorios incorporados equivalían a casi cuarenta millones de hectáreas. Buena parte de estos territorios pasaron a manos privadas, otros comenzaron a ser territorio fiscal. Pero en ambos casos dejaron de estar bajo el dominio indígena.

La privatización de tierras parte de una serie de normas legales,entre ellas la Ley N° 947 de octubre de 1878 que, mediante un empréstito, autorizó al Poder Ejecutivo a invertir 1.600.000 pesos para llevar adelante el avance militar hasta la frontera del Río Negro (que luego se amplió a 2.200.000 pesos).

Fragmento de la Ley N° 947 sancionada en 1878. “El Poder Ejecutivo queda autorizado para levantar sobre la base de todas las tierras públicas mencionadas una suscripción pública para los gastos que demande la ejecución de la ley. A medida que avance la línea de frontera se harán mensurar las tierras y levantar planos, dividiéndose en lotes de 10.000 hectáreas, con designación de sus pastos, aguadas y demás calidades, todo lo cual se hará constar en un registro especial denominado Registro Gráfico de las Tierras de Frontera".   “SUSCRICION POPULAR DE 2.200.000$”. Ley N° 947.  Bono de $100 equivalente a 2500 hectáreas.  Cómo mínimo se debían adquirir 4 bonos.

Esta ley no hacía mención alguna a la población indígena y autorizaba al gobierno a vender títulos de propiedad sobre las extensiones a conquistar. Estos títulos permitían repartir propiedades desde 10.000 hasta 30.000 hectáreas pero, en muchos casos, se superaron las extensiones propuestas llegando a más de 90.000 hectáreas. Por ello se puede decir que la conquista se constituyó en una empresa mixta que combinó capitales privados y recursos estatales. De este modo pasaron al dominio privado 5.498 leguas cuadradas (casi 14 millones de hectáreas), de las que 1.399 estaban ubicadas en la provincia de Buenos Aires; 3.159 en el territorio de La Pampa,  594 en Córdoba; 66 en San Luis; 46 en Mendoza y  232 en Río Negro. Se ocuparon así las mejores tierras, que se destinaron al agro y la ganadería.

Una segunda norma, la Ley N° 1.265 “de Remate Público”, se sancionó en 1882. A través de ella se remataron en Buenos Aires y en las embajadas argentinas de París y Londres más de cinco millones de hectáreas. La Ley N° 1628 (de "Premios Militares") fue un tercer andamiaje jurídico. Sancionada en 1885, otorgó concesiones directas de tierras entre La Pampa y Tierra del Fuego a los “Expedicionarios del Desierto”, distribuyéndose así 4.750.741 hectáreas a 541 oficiales. En muchos casos estos bonos fueron vendidos a terratenientes que ya poseían tierras, quienes ampliaron así sus latifundios.

De forma casi paralela, en 1884 se sancionó la Ley N° 1.501 de “Concesión de Tierras Públicas para Ganadería” conocida como “Ley del Hogar”. Se buscaba ordenar la subdivisión de las tierras fértiles en lotes de 625 hectáreas destinados para la venta a pequeños pobladores sin tierra, para así crear colonias agrícolas-pastoriles. A partir de esta ley se entregaron tierras a poblaciones indígenas sometidas: por ejemplo en el actual territorio de Chubut, en Colonia San Martín se radicó el cacique Valentín Sayhueque y su gente, y en Colonia Cushamen se estableció la tribu del cacique Nahuelquir. Estas colonias fueron escasas en número y tuvieron grandes problemas, pues las tierras entregadas eran inadecuadas para la práctica de la ganadería extensiva.

A su vez, la Ley N° 1532 de 1884 creó hacia el sur los Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego (mientras que en el noreste del país se crearon los Territorios Nacionales de Misiones, Formosa y Chaco), los que pasarían a ser gobernados por funcionarios elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional.  Esta Ley indicaba que con “… las tribus indígenas que morasen en el territorio de la gobernación… [se debía crear], con autorización del Poder Ejecutivo, las misiones que sean necesarias para traerlos gradualmente a la vida civilizada”. De esta manera se reconocía la preexistencia de los indígenas, pero los ubicaba en un grado inferior de “evolución”. Fue así como, mientras grandes extensiones eran entregadas a un grupo restringido de terratenientes nacionales y extranjeros, tuvo lugar una política de radicaciones para algunas parcialidades, que respondieron en cada caso a los preconceptos de los gobernantes de turno acerca de la conducta “civilizada”, o la potencialidad “civilizable”, de los grupos en cuestión.

2) La incorporación forzada: los campos de concentración y el sistema de repartos.

Los dispositivos y prácticas que socavaron la identidad indígena, como dijimos, fueron el confinamiento en campos de concentración, el reparto forzado en diferentes espacios productivos, la separación de familias, el cambio de nombres, la imposición de la religión católica, la violencia y la eliminación física, que se combinaron de distintas formas. Si bien numerosos indígenas murieron bajo las armas o por las largas caminatas a las que fueron sometidos tras el avance estatal, en realidad la mayor parte de la población indígena fue apresada y quedó a disposición del gobierno nacional; los que lograron permanecer en los territorios también fueron sometidos de formas violentas y sutiles, ya que los espacios productivos de frontera los tuvieron como empleados en condiciones paupérrimas e indefensos ante conflictos con quienes detentaban el poder a nivel local (Delrio 2005).

La destrucción de lazos de parentesco, la enajenación de la fuerza de trabajo, la negación identitaria, la violencia y el reparto forzoso fueron prácticas de desestructuración social que integraron las políticas del Estado sobre la denominada “cuestión indígena”, que pasó a resolverse con la desaparición (siempre incompleta) de esta población. A continuación desarrollaremos dos dispositivos que fueron centrales en el proceso de invisibilización de los indígenas: (a) los campos de concentración dispuestos por el Estado (b) las formas de repartimiento y distribución de los indígenas sometidos en espacios no estatales. En ambos casos, se efectuaron cambios de nombres, rupturas de lazos de parentesco, imposición de creencias religiosas, actos de violencia, prohibición de prácticas sociales propiamente indígenas; los que también tuvieron lugar fuera de estos dos dispositivos.

(a) los campos de concentración

¿Por qué campo de concentración? Utilizamos el concepto“campo de concentración” para caracterizar algunos espacios de encierro de indígenas antes, durante y posteriormente a las campañas militares. Este término se remonta al siglo XVII. Un campo de concentración es un sistema con reglas internas que permiten generar políticas y controles sobre grupos definidos de la población. El campo de concentración, en tanto concepto, no es un lugar de encierro de un individuo pero sí de colectivos que son destinados a ese campo por ser vistos como una amenaza. Giorgio Agamben (2001) ha reflexionado sobre estos sistemas de concentración y su aplicación en diferentes momentos de la historia. Es interesante dejar en claro que los indígenas no son enviados a los lugares de confinamiento por crímenes o por haber incumplido normas; sino por su condición de indígenas incivilizados y bárbaros. De ahí se desprenden todos los dispositivos de control para “transformar al indígena” en un ser “útil” a la sociedad. A modo de ejemplo, hacia fines del siglo XIX, en el largo periodo de guerras por la independencia cubana; los militares españoles encerraron y concentraron a un número importante de población cubana. Estos campos (denominados de "reconcentración") eran lugares en los que se buscaba regenerar a la población en favor de España. Una pregunta válida suele ser si un campo de concentración es un campo de exterminio. Lo cierto es que el campo de exterminio opera como un tipo particular de campo de concentración. Pero la finalidad es eliminar físicamente a ese grupo concentrado. En otras palabras todo campo de exterminio es campo de concentración, pero no todo campo de concentración es campo de exterminio. A modo de ejemplo Agamben menciona los estadios de fútbol utilizados, en Italia, para encerrar población inmigrante ilegal antes de su deportación. Esos hombres, mujeres, niños y niñas encerrados están fuera de las normas del estado italiano, para regirse por normas propias al campo de concentración. De igual forma, los indígenas en la isla de Martín García no poseen los derechos de un habitante del suelo argentino (por no mencionar a los derechos de un ciudadano); sino que están insertos de otro tipo de lógica que buscará “redimirlos” de su condición de indígena a partir de una serie de operación de control sobre sus cuerpos y sus relaciones sociales.

La política de concentración de indígenas en espacios dispuestos por el Estado tiene en la Isla Martín García uno de los ejemplos paradigmáticos. Allí se registró la llegada de contingentes indígenas a partir de agosto de 1871, cuando el entonces Coronel Luís Py solicitó: “lista de indios e indias que se hayan recibido en ese punto en diferentes remesas” (Archivo General de la Armada, 22/08/1871, caja 15272). Los últimos registros de indígenas en la isla datan de 1886/87; una nota de diciembre de 1886 hace mención a los “32 presidiarios e indios presos que existen en esta isla” (AGA 15286, 07/12/1886), mientras que en los registros mensuales de 1887 se piden los racionamientos para los indígenas que aún permanecían en Martín García (Nagy y Papazian 2011).

Sin embargo la Isla Martín García no fue el único sitio donde se concentraron indígenas. En Púan (provincia de Buenos Aires); en Valcheta y Chichinales (Río Negro) y en Junín de los Andes (Neuquén), se encontraron registros de lugares de encierro. Además a fines de la década de 1870, algunos contingentes fueron concentrados en cuarteles militares de la ciudad de Buenos Aires (Retiro, Palermo, Once y Chacarita) y en los cuarteles de Tigre. Veamos el ejemplo de Puán: hay registros documentales que indican como en noviembre de 1877 el ejército asesinó a más de 150 indígenas catrieleros (denominados “amigos”) y envió a Puán a otros 400 (entre ellos mujeres y niños), que luego fueron encerrados en Martín García. En 1879, el inglés George Newbery llegó a la zona en el afán de obtener tierras, y describió la siguiente escena:

“…fuimos hasta una toldería que rodeaba un manantial a orillas de un pequeño lago que mi baquiano llamó Puán lo que quedaba eran unas chozas cubiertas con cueros cercados por un ancho paredón… Cuando estábamos suficientemente cerca para poder apreciar mejor a éste paredón pregunté a mi baquiano que propósito servía ya que los otros fortines llevaban una fosa que cercaba a un mangrullo... Esto produjo en Luán un arranque de indignación; a través de su furioso caudal de palabras supe que Puán había servido de campo de concentración…”

De igual forma, Don Anastasio Ledesma, gaucho, alambrador y soldado de las expediciones al desierto, contaba en 1957, que en 1878: “… se dieron grandes “sableadas” contra los indios del cacique Pincén. La primera operación grande fue un encierro de indios en Curamalal, después de algunos hechos aislados a sable o a carabina. Cuando tomamos muchos prisioneros los jefes dispusieron que los lleváramos a Puán pero los indios viejos se resistieron a marchar. Agotados todos los recursos hubo orden de degüello a los más rebeldes para ejemplo del resto de la tribu”.

Como hemos dicho, el proyecto de avance no se sustentaba en el exterminio sino en la desarticulación de las sociedades indígenas y su utilización como mano de obra semi-esclava. Muchos indígenas destinados al confinamiento fueron obligados/as a marchar a pie, escoltados por el Ejército o por particulares contratados, hasta llegar a los puntos de embarque. Estas caminatas, en muchos casos, llevaron a la muerte a una gran cantidad de mujeres, ancianas y niños que no soportaron las condiciones inhumanas del traslado.

Ahora bien, estos traslados hacia los campos de concentración o hacia puntos de distribución forzada sirvieron al doble propósito de abaratar el costo de racionamientos destinados a las tribus y evitar el sistema de colonias que representaban asimismo gastos para el erario público. La “conversión forzada” de los indígenas en recursos productivos, especialmente en los espacios no estatales pero también dentro de los campos de concentración, subsanó las falencias de un mercado de trabajo exiguo en las zonas de crecimiento de economías regionales. En tal sentido, las investigaciones sobre la Isla Martín García permiten aseverar que los indígenas ingresaron por su condición de tales, y fueron catalogados como aptos para el trabajo (“disponibles”) o “inútiles o débiles”.

La isla era un campo de concentración aunque se formulara como un espacio “civilizador”. En Martín García intervenían misioneros, docentes y médicos. Pero sobre todo, la Armada utilizó la mano de obra indígena en la explotación de canteras (piedras y arena que es destinada al empedrado de Buenos Aires) o como marineros. A pesar de trabajar como soldados los indígenas no podían salir de su confinamiento, mientras a los criollos se les daba la “baja” tras un lapso de 2 o 4 años.

Para comprender el papel de estos lugares de encierro en el proceso de invisibilización es importante tener en cuenta también el “borramiento” de las identidades a través de la imposición de nombres. El Ejército desarrolló este tipo de prácticas pues “…que siendo indios que algunos ni tienen nombres, se acepta el medio que indica de darles uno, haciéndoles comprender deben tenerlo presente…” (Luis  María Campos” 28/03/1876. AGA, caja 15276). De igual forma, la Iglesia y sus misioneros también modificaron nombres en los actos bautismales, tomando en ciertos casos el nombre del sacerdote que presidía el acto, el de los padrinos o el nombre de la isla (Martín Isla o Martín García). El confinamiento de los indígenas permitió su control y utilización como mano de obra, pero, como veremos en el siguiente apartado, estos espacios no fueron los únicos ni los más importantes en términos económicos.

Listado. “Hombres del Lazareto… inútiles o débiles”. Archivo General de la Armada. Caja 15283.

 b) El sistema de repartos

Como dijimos, una vez apresados los indígenas eran trasladados y confinados en distintos espacios dependientes del Ejército y la Marina. Pero también fueron distribuidos de manera forzada en emprendimientos productivos (estancias, ingenios, viñedos, canteras, etc.) y en el servicio doméstico en ciudades (en especial en el caso de niñas/os y mujeres), donde sufrieron distintos tipos de violencia.

La distribución forzada podía ser efectuada de forma inmediata a la captura o podía estar “mediada” por la estadía en algún espacio de concentración estatal. La política de distribución fue parte de un sistema de control, disciplinamiento y explotación amplio y complejo donde los indígenas, en muchos casos, eran separados de sus familias y entregados a pedido de particulares para distintas funciones.  A modo de ejemplo los documentos del Archivo General de la Armada muestran una orden militar que cumplimentaba un pedido de indígenas ordenando que “… sean entregados al Señor Don Gregorio Torres… once indios de los existentes en esa isla [de Martín García], con sus mujeres respectivas e hijos. (…) Luís María Campos [firma]”.

El traslado forzado de indígenas incluyó a distintas zonas del país, con la consecuente desarticulación y el desmembramiento de las comunidades. A modo de ejemplo, en 1886, le son “…entregados al Sr. Gobernador del Territorio de Misiones Coronel Don Rudecindo Roca [hermano de Julio Argentino] los indios con sus familias que se encuentran en la isla de Martín García y que han revistado hasta ahora en calidad de indios presos”. El sistema de reparto no sólo se utilizó dentro Buenos Aires o en los Territorios Nacionales recientemente creados; también en Mendoza hubo repartos en favor de Rufino Ortega (militar, terrateniente y gobernador de la provincia), además de numerosos indígenas enviados a diversas estancias o a las plantaciones de caña de azúcar que estaba en auge en la provincia del Tucumán.

El diario El Nacional informaba en 1878 como: “Llegan los indios prisioneros [a Buenos Aires] con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización”. Esta breve crónica nos da una dimensión del daño causado por el sistema de repartos, práctica que continuó hasta finalizadas las expediciones militares.

 "La campaña al desierto".

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mljKBBRd2V0

En este punto podemos preguntarnos: ¿cómo es posible que estas acciones de violencia, reclusión y desplazamiento forzadas hayan sido normadas por procedimientos burocráticos y jurídicos? En buena medida la construcción de “otros” internos indígenas, categorizados como bárbaros, salvajes y por lo tanto no-humanos, es parte del proceso “civilizatorio” que caracterizó esta etapa de nuestra historia. En cierto sentido, somos herederos de ese proceso histórico y nos corresponde como educadores reflexionar con nuestros estudiantes sobre estos aspectos. Pero además de volver al pasado, una forma posible de modificar nuestra percepción en torno a la historia de los pueblos indígenas en Argentina, es tener en cuenta el presente de estos pueblos, es decir, cuál es su situación actual, sus conflictos y sus derechos.    

3) (Re)emergencia étnica y legislación indígena.

El proceso de “invisibilización” que sufrieron los pueblos indígenas ha sido revertido en los últimos años. Con esto no decimos que no haya sectores (con especial preponderancia en la opinión pública y los medios de comunicación) que nieguen la existencia de indígenas en el país, que los coloquen en el lugar de los “descendientes” o los cataloguen como “indios truchos” o “extranjeros”. Sin embargo, desde hace más de treinta años existen investigaciones capaces de responder a este tipo de tergiversaciones y falsedades.

Una vez finalizada la “conquista del desierto”, muchas de las familias que resistieron y sobrevivieron al avance militar en Pampa y Patagonia volvieron progresivamente a generar lazos comunitarios, pero ya incorporados dentro de un estado argentino inserto plenamente al mercado mundial (Briones y Delrio 2002). En muchos casos, estas familias mantuvieron la vida comunitaria dentro de un contexto totalmente distinto: sin autonomía posible, con miedo a ser reconocidos como indígenas y en el marco de un mercado de trabajo capitalista que fracturó las solidaridades indígenas en pos de un proceso proletarizador que convirtió al “indígena” en “el paisano” o el “peón de campo”. De este modo se afianzó la invisibilización indígena, que quedó anclada en un pasado remoto.

Muchos estudios antropológicos y/o etnográficos desarrollados entre 1920 y 1983 compartieron esta visión y focalizaron el análisis en aspectos anatómicos y lingüísticos de los “restos de tribus” que quedaban, intentando rescatar los últimos “rastros de pureza” indígena en una constante extinción (véase una crítica en Lenton y Lazzari 2005; Crespo 2008; Silla 2012). Convertían a los indígenas en reliquias vivientes, de hecho muchas comunidades reconocidas eran llamadas “reservas” o “reducciones”, lo que indicaba su presencia marginal y el constante peligro de extinción. Estos estudios prevalecieron hasta el regreso a la democracia, cuando comenzaron a surgir nuevas corrientes de estudios vinculadas con la antropología social y la etnohistoria interesados por los procesos de cambio atravesados por las poblaciones indígenas. Estos nuevos estudios acompañaron una agenda política guiada, en muchos casos, por las reivindicaciones de las propias organizaciones indígenas (Radovich y Balazote 1997; Briones 2005; Valverde 2010).

A partir de estos trabajos se comenzaron a observar las transformaciones en las comunidades indígenas: su relación con las congregaciones religiosas, con los partidos políticos, las formas desiguales de inserción al mercado laboral, las formas de expulsión territorial, el acceso a la educación y las políticas públicas. A su vez los reclamos de las organizaciones y colectivos indígenas se hicieron presentes y, sobre todo, visibles. Se iniciaba un proceso que ha sido denominado como “re-emergencia étnica”. No se trata de un proceso que aconteció exclusivamente en nuestro país o en ciertas comunidades, sino que es parte de un recorrido regional, vinculado a procesos de resurgimiento de identidades minoritarias.

En 1992 (con el V Centenario del “descubrimiento” de América) una serie de documentos, movilizaciones y noticias hicieron que el “mundo indígena” irrumpiera en la escena nacional, logrando interpelar al Rey de España que estaba de visita oficial en San Carlos de Bariloche. Eran tiempos de políticas neoliberales y las reivindicaciones territoriales comenzaron a tener un peso sustancial en los reclamos, sobre todo en Neuquén, donde las organizaciones indígenas tenían trayectorias de más larga data. De esta forma, la Reforma Constitucional de 1994 se constituyó en una de las metas de todos los pueblos indígenas de Argentina, que lograron incluir sustanciales modificaciones, pasando a ser reconocidos como “pueblos preexistentes” a la Nación Argentina.

A su vez, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (al que Argentina suscribió y que posee rango constitucional) fue también uno de los hitos legales en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas y la defensa de su identidad, que implica el establecimiento de consultas previas, libres e informadas sobre temas que los involucren. Este convenio tiene tres ejes principales: el respeto y el desarrollo de políticas educativas interculturales, la garantía y defensa del territorio indígena, y la libre determinación de los pueblos indígenas, los que son centrales para comprender los conflictos actuales. Hoy son numerosas comunidades indígenas las que, con apoyo de diversos sectores, han puesto el foco sobre las terribles consecuencias de las campañas militares que se desarrollaron a lo largo de la historia. Las propias comunidades son parte central de los reclamos en torno al reconocimiento y, especialmente, al territorio. Veamos algunos conflictos que nos sitúan en la actualidad.

4) Los conflictos actuales por el territorio y el proceso de judicialización.

Existen numerosos reclamos y conflictos territoriales en la actualidad, los que como hemos dicho, no pueden aislarse de reivindicaciones sobre los distintos derechos de los pueblos indígenas. En buena medida los conflictos territoriales surgieron como resultado de una nueva etapa de ocupación del espacio social agrario en el país producida en las últimas décadas, que ha tenido como consecuencia la expulsión de comunidades y familias indígenas que no poseen títulos de propiedad de la tierra, en ocasiones permisos precarios de ocupación o títulos a nombre de individuos particulares, que no incluyen a todo el grupo que forma parte de la comunidad. Estas situaciones legalmente precarias, en un contexto de creciente interés por el espacio rural para su utilización con fines inmobiliarios, agrícola-ganaderos, turísticos y/o mineros, puso en jaque a familias que, generación tras generación, se habían criado en los márgenes productivos.

También afectó a muchas familias indígenas que vivían en pueblos y ciudades, pero que debido a los procesos de re-emergencia étnica y reconocimiento de derechos, habían comenzado a desandar sus itinerarios forzados y a revitalizar su relación con el territorio de sus ancestros o de su propia niñez. De ahí que tanto recuperaciones como defensas territoriales se vinculen con el resurgimiento de identidades indígenas desde ámbitos rurales y urbanos. A estas recuperaciones, jurisprudencias y convenios internacionales, los organismos de justicia locales han respondido lentamente en el reconocimiento de derechos, produciéndose en ocasiones lamentable ssituaciones de violencia y desalojo. Pero también somos testigos de una visibilización de la problemática indígena y de fallos favorables a los intereses de los pueblos originarios que van en consonancia con la política de derechos humanos que nuestro país ha desarrollado en la última década.

"Mapuche, Nación que vuelve".

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cw5c5lVNIc

Bibliografía:

Agamben, Giorgio. 2001. “¿Qué es un campo?” En: Medios sin fin. Notas sobre la política. Editorial Pre-Textos. Buenos Aires. Disponible en http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T06_Docu4_Queesuncampo_Agamben.pdf

Briones, Claudia. 2005. “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En Briones, C. (ed.) Cartografías Argentinas: Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Editorial Antropofagia. Buenos Aires. pp. 9-41

Crespo, Carolina. 2008. “Políticas de la memoria, procesos de patrimonialización de los recursos arqueológicos y construcción identitaria entre los mapuches de la Rinconada de Nahuelpán en Río Negro”.  Tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Orientación en Antropología Social. Mimeo.

Delrio, Walter. 2002. “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciales de radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900).” En: Teruel, Lacarrieu y Jerez (Comps.) Fronteras, Ciudades y Estados. Alción Ed. Córdoba.

Delrio, Walter. 2005. Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal.

Lazzari, Axel y Diana Lenton. 2005. "Etnología y Nación: facetas del concepto de Araucanización " Revista Avá 1 (1), Posadas, Universidad Nacional de Misiones, pp.125-140.

Nagy, Mariano y Papazian, Alexis. 2011. El campo de concentración de Martín García. Entre el control estatal dentro de la isla y las prácticas de distribución de indígenas (1871-1886). En: Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana,Vol. 1, N°2, 2do. En  http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus  

Radovich, J. y A. Balazote. 1997. “Inversión y desinversión de capital en megaproyectos hidroenergéticos. Efectos sociales en poblaciones mapuche asentadas sobre los ríos Limay y Neuquén”. En: Papeles de Trabajo. N° 6. CICEAS.-UNR. Rosario. Pp. 127-142.

Silla, Rolando. 2012. “Raza, raciología y racismo en la obra de Marcelo Bórmida”. En: Revista del Museo de Antropología. Vol. 5. FFyH-UNC. Córdoba. Pp. 65-76

Valverde, Sebastián. 2010. “’Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia’: Análisis comparativo-regional de los conflictos territoriales del pueblo mapuche en áreas turísticas de la provincia de Neuquén” En: RUNA XXXI, (1). Buenos Aires. pp 31-48, 7